Diputados de la UCR plantearon observaciones a la postulación de Mones Ruiz a la Justicia

El bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical decidió el viernes cuestionar bajó la vía de “observaciones” la nominación del vicegobernador Eduardo Mones Ruiz como juez del Superior Tribunal de Justicia.

Advirtieron que “es de público y notorio” el que el vicegobernador “no cumple” con requisitos necesarios para ocupar el cargo y que el incumplimiento de uno solo “invalida definitivamente la postulación”.

“La norma no admite más interpretación que la literal. Si hoy se permite que el requisito de diez años en el ejercicio de la profesión, se salve con la acreditación de ocho o nueve años, mañana sería admisible, que se acceda con menos de 30 años, o que lo haga alguien que reside fuera, pero cerca del límite de la provincia, desvirtuando con la interpretación antojadiza toda la rigurosidad impuesta en la ley”, consideraron.

Además, se centraron en el cargo que ocupa actualmente Mones Ruiz en el Gobierno provincial: “En este caso entonces, como integrante del Poder Ejecutivo se propone él mismo, y el acuerdo lo debe dar la Cámara de Senadores que él mismo preside”.

“En 40 años de gobierno hegemónico en la provincia hemos asistido a múltiples actos de injerencia del poder ejecutivo en los restantes poderes, pero ninguno de la magnitud del que se pretende llevar adelante ahora”, agregaron.

En este sentido, indicaron que la primera incompatibilidad que surge está relacionada a la imparcialidad y equilibrio con la que debe desempeñarse un ministro de la Corte.

Trajeron a colación la participación que mantiene Mones Ruiz en el Poder Ejecutivo desde el 2006 en adelante, “lo que claramente puede afectar de manera directa la imparcialidad de su criterio” e indicaron que “se viola de manera descarada esta vez, generando zozobra e incertidumbre en los justiciables”.

La presentación estuvo a cargo del presidente del bloque, Luis Lucero Guillet.

“¿Qué tanto puede confiar en la decisión de este miembro del Superior Tribunal quienes hayan sido sus adversarios políticos? ¿Qué tan imparcial será su criterio cuando deba resolver sobre actos administrativos que el mismo ha llevado adelante y suscripto en el carácter de ministro, vicegobernador o encargado de La Pedrera? ¿O por el actual gobernador y sus ministros?”, plantearon.

Por otro lado consideraron “llamativo el silencio de los miembros actuales del Superior Tribunal de Justicia. Apuntaron que están "aparentemente dispuestos a aceptar la incorporación de un par, eventualmente designado en violación de los preceptos constitucionales”.

A ello le sumaron que “es de esperar que los senadores, a la hora de resolver sobre el acuerdo de esa cámara que exige el articulo 196 CP, lo hagan observando el ineludible mandato constitucional, más allá de cualquier otra circunstancia que los lleve a apartarse del cumplimiento de la ley”.

Al finalizar resaltaron “la falta de información” por parte de la administración de Alberto Rodríguez Saá para conocer si se concretó o no la renuncia de Mones Ruiz.

Asimismo, insistieron en que, de ser así se debería convocar a una Asamblea General que deba analizar la admisión o rechazo de la renuncia al cargo de vicegobernador.

Dijeron que si Mones Ruiz no renuncia “estaríamos ante una flagrante violación a la buena fe y la ética pública, especulando con la ‘reserva de cargo’, que parece ya un accionar habitual en este Gobierno”.

“Los hombres y mujeres de la democracia, no podemos aceptar ni convalidar, que continúe en la provincia, el proceso de deterioro de las instituciones, donde el antojo del gobernante se posicione por encima de las leyes, incluso sobre la propia Constitución, atentando contra el sistema democrático y republicano; el resultado de esta cuestión determinará definitivamente si San Luis sigue siendo un feudo o vuelve a la senda de la democracia que nunca debió abandonar”, finalizaron.

Nota en Diputados

A través de una presentación dirigida a la presidenta de la Cámara, Silvia Sosa Araujo, el bloque consultó si ingresó alguna convocatoria para la constitución de la Asamblea General para analizar la postulación.

Allí manifestaron que su incumplimiento “agravaría más aún la situación institucional planteada desde el Ejecutivo provincial, ya que sumaría a la falta de cumplimiento de requisitos objetivos para acceder el cargo, y la clara intención de intromisión en el Poder Judicial quebrantando la premisa básica de imparcialidad de los jueces, e independencia de los poderes”.